Martha Patricia Molina, reconocida abogada e investigadora, ha levantado su voz contra la intimidación que está sufriendo el cuerpo docente de las escuelas parroquiales en Nicaragua. En una denuncia contundente, Molina señaló que este nuevo acto de presión por parte de la dictadura de Nicaragua busca someter a la Iglesia Católica en el país.
Como autora del informe «Nicaragua, ¿una Iglesia perseguida?», Martha Molina ha documentado los diversos ataques que el régimen de Daniel Ortega ha dirigido contra obispos, sacerdotes, religiosos y fieles desde el año 2018. Esta denuncia es otro capítulo alarmante en la serie de acciones represivas llevadas a cabo por el gobierno nicaragüense.
A través de su cuenta de Twitter, la abogada compartió detalles preocupantes sobre la situación actual. Informó que Sergio Mercado, delegado departamental del Ministerio de Educación y miembro del partido sandinista, convocó a los docentes de las escuelas parroquiales y los agrupó por distrito. El encuentro tuvo lugar en el Instituto Miguel de Cervantes, perteneciente al distrito III.
Según relató Molina, durante la reunión, el delegado presentó una maleta llena de dinero en efectivo y la nómina en mano. Luego solicitó a todos los docentes que mostraran su cédula de identidad y les anunció que a partir de ese momento recibirían su salario directamente, argumentando que los sacerdotes estaban robando el dinero de las subvenciones y lucrando con las transferencias, impidiendo así que los maestros recibieran su salario completo.
Lo preocupante es que los docentes no recibieron su pago mediante cheques, como era habitual, sino en efectivo. Además, Sergio Mercado les recordó que ese pago era gracias al «buen gobierno» y les prometió un aumento salarial.
Martha Molina destacó el desconcierto de los docentes, quienes afirmaron que recibieron el mismo salario de siempre y no comprendían cómo los sacerdotes estaban cometiendo un supuesto robo. La reunión fue intimidante y se percibió un ambiente de confrontación entre los docentes y los religiosos.
Esta denuncia se produce casi dos semanas después de que el régimen de Ortega acusara a la Iglesia de lavado de dinero y de ocultar «centenares de miles de dólares» en sus instalaciones. La prensa local informó que el gobierno también ordenó la congelación de las cuentas bancarias de las diócesis y parroquias.
En sus declaraciones, Martha Molina señaló el 29 de mayo que estas medidas confirman la «guerra» que la dictadura ha declarado contra toda la Iglesia nicaragüense. Además, resaltó el congelamiento de cuentas bancarias de diversas diócesis, parroquias y colegios parroquiales como una prueba del uso del poder judicial y del sistema de justicia nicaragüense para cumplir las órdenes de la pareja presidencial, en lugar de respetar la Constitución y las leyes del país.
Estos hechos evidencian la creciente presión y persecución que enfrenta la Iglesia Católica en Nicaragua, generando preocupación dentro y fuera del país por el respeto a los derechos fundamentales y la libertad religiosa.
Fuente: Aciprensa
