Insistente llamado al Gobierno hace el obispo de Buenaventura, monseñor Rubén Darío Jaramillo Montoya, quien asegura que el incremento de la violencia y el desplazamiento en esta región del país sigue creciendo. El prelado en diálogo con el Departamento de Comunicaciones de la Conferencia Episcopal, mostró una breve radiografía de lo que está sucediendo en esta región del país.
Informó que el ELN reunió a la comunidad de la Vereda San Isidro y “les dijeron que era mejor que se fueran porque iba a ver muchos combates y que peligraban sus vidas, entonces la gente comenzó a salir”, por esta razón, y desde una semana antes del Domingo de Ramos han llegado al Coliseo Cubierto El Cristal de Buenaventura alrededor 200 personas desplazadas.
A esta población que se encuentra en unas condiciones difíciles, la Pastoral Social de la Diócesis les ha venido ofreciendo alimentación y artículos de primera necesidad. Así también, está acompañando a los líderes, quienes reclaman la presencia del Estado.
También aseguró que la Armada Nacional ha estado llegando hacia ese territorio, pero su presencia no es permanente, ellos solo van de paso. “Pero ellos dicen (habitantes) cuando está la Armada y se quedan no me pasa nada, pero cuando se van al otro día llegan los otros grupos a amenazar y a estigmatizar”.
Agregó que en las comunidades del Bajo Calima la gente está cansada, viven en una zozobra y en un miedo permanente por los constantes enfrentamientos que se presentan. Pero también dijo que hay “otras veredas que se están viniendo hacia el casco urbano, hay veredas prácticamente vacías, que tenían 400 o 500 habitantes y ya no queda nadie, otros están allí confinados”.
A esta problemática, expuso el obispo, se suma también toda la violencia urbana en Buenaventura, que se genera “por la disputa de territorios entre un grupo llamado los Chotas y otros los Espartanos, que son grupos delincuenciales locales, que cuidan el transporte de la cocaína, hacen extorsión, robos y amedrantan a la comunidad”.
Agregó que “todos los productos de la canasta familiar ellos la manejan, cobran un impuesto, nadie puede vender, sino los que paguen el impuesto, el resto no pueden comercializar ningún tipo de productos de la canasta familiar. Ellos todo lo dominan en la ciudad y lo que sale de la ciudad también para la zona rural”.
