Monseñor Héctor Fabio Henao Gaviria, el actual encargado de las relaciones entre
la iglesia católica y el estado Colombiano, el cual, en una entrevista, que fue
publicada en el Diario El Tiempo, mencionó los proyectos que tiene después de
dejar la dirección del secretariado Nacional de pastoral social. Que por cierto fue un
cargo que ocupó por más de 25 años. Así mismo también mencionó a la agenda de
paz en Colombia, la cual como sabemos está atravesando por un proceso electoral.
A continuación lea la entrevista completa:
«Estamos en ronda con los candidatos»
Encargado de las relaciones entre la Iglesia católica y el Estado colombiano;
representante, además, de la Conferencia Episcopal (CEC) ante el Consejo
Nacional de Paz, monseñor Héctor Fabio Henao no descansa. Y esto, a pesar de
haber dejado recientemente la dirección del Secretariado Nacional de Pastoral
Social, un cargo que desempeñó por más de 25 años.
Por estos días, sus horas se pasan entre viajes a diversas regiones del país y entre
reuniones con candidatos a la Presidencia, para alertar al próximo presidente de la
República sobre las graves emergencias humanitarias que deberá enfrentar.
Desde que usted asumió la dirección del Secretariado Nacional de Pastoral
Social hasta ahora, que entrega el cargo a otra persona.
¿cómo se ha transformado la posición de la CEC frente al conflicto armado?
La CEC ha ido profundizando un relacionamiento mucho más cercano frente a la
problemática humanitaria de violación de derechos humanos (DDHH). En 1996,
cuando yo recibí el Secretariado, estábamos comenzando a tener una percepción
diferente. En esa época publicamos el primer informe sobre desplazamiento forzado
en el país. Fue la CEC la primera institución que habló sobre el tema y ese informe
nos llevó a buscar que se creara una ley y, después, a tener un trabajo muy intenso
frente a la Corte Constitucional.
Haber entrado a profundizar el asunto y haberlo identificado como una violación
masiva de DDHH nos ayudó a tener una ruta mucho más definida frente a cómo
posicionarnos de cara a la situación. Después hemos entrado en contacto con otras
realidades, pero la dureza del conflicto, la forma tan abierta como actuaron actores
claramente enfocándose contra poblaciones indefensas y vulnerables, y la manera
como, solamente por intereses económicos y por control territorial, fueron atacadas
poblaciones que habían sido muy distantes del conflicto armado, obligaron también
a la CEC a ir teniendo posiciones mucho más precisas, en términos de violación a
los DDHH. En ese sentido, hoy se tiene una perspectiva mucho más enfocada hacia
esas realidades.
¿Cuál será su nuevo rol dentro de la CEC?
En este momento estoy trabajando en las relaciones Iglesia-Estado. De hecho, un
primer paso que se está dando es el de dialogar con los candidatos a la Presidencia
de la República. Vemos como una urgencia definir claramente cómo podemos
seguir esta interlocución. La Iglesia tiene que ayudar a que todos estos clamores
que vienen desde el territorio con los sufrimientos de la gente puedan ser objeto de
discusión, de análisis y de toma de decisiones, de manera muy propositiva.
Además, yo soy el representante de la CEC en el Consejo Nacional de Paz,
Reconciliación y Convivencia, un mecanismo muy pluralista de participación, en el
que está representada la sociedad colombiana con sus distintos actores. Es parte
de esta función y en calidad de tal he estado acompañando a los consejos
territoriales. La idea es seguir fortaleciendo ese vínculo y perfeccionando esos
mecanismos de diálogo.
Hablemos sobre la agudización del desplazamiento forzado
El desplazamiento había bajado en intensidad, ha tenido unos grandes picos, pero
ahora vuelve otra vez a ser muy preocupante. Está subiendo y tiene que ver, en
parte, con la disputa por el control territorial y las rutas del narcotráfico; pero
también, en muchos casos, con la necesidad de acallar poblaciones que podrían
trasmitir información a organismos internacionales y a las mismas autoridades sobre
las difíciles situaciones en las que viven.
El confinamiento también es una realidad en Colombia. Hay poblaciones que no
pueden, ni siquiera, desplazarse por la presencia de actores armados ilegales. Un
fenómeno muy complejo. Nosotros esperamos que el país encuentre los caminos
para prevenirlo. Hay que mantener la atención sobre las alertas tempranas que
emite la Defensoría del Pueblo; mantener mecanismos de prevención muy ágiles,
de respuesta rápida frente a esos llamados, porque, indudablemente, la realidad de
desplazamiento es muy grave hoy.
Recientemente usted viajó a Arauca, invitado por los principales
representantes de las Naciones Unidas en Colombia. ¿Qué está pasando en
dicho departamento?
De los asesinatos de este año, un número muy importante, la mayor parte han sido
en Saravena. Por eso fuimos allí. En Arauca nos hablaron de grupos que se han
confinado por miedo a la situación, entre ellos los excombatientes. Nos hablaron
también sobre más de tres mil personas desplazadas. Una situación muy difícil,
porque hay quienes han salido huyendo pero no aparecen registrados como
desplazados. Muchos están en Bogotá y en otras ciudades, dispersos por el país.
La región vive una situación muy compleja. Ha habido una alerta de las
organizaciones de la sociedad civil, buscando protección y apoyo; un clamor muy
fuerte por mecanismos efectivos de protección a la población y por que se dé
respuesta a la situación de amenazas.
¿Qué opina de la reacción del Gobierno frente esta clase de problemáticas?
En primer lugar, hay un legado importante que tiene que ver con el estatuto temporal
para migrantes venezolanos. Una respuesta importante para dicha población, que
ha ayudado a estabilizar la situación de gente que estaba en condiciones muy
dramáticas.
Sobre temas relacionados con seguridad en el país hay muchas complejidades,
pero en el caso de Arauca en concreto hay un desafío enorme en cuanto a la
protección de la población civil y una urgencia de que se revise la política de
seguridad. Prima mucho la incertidumbre. Hay un temor permanente. Miedo fue una
palabra que escuché muchas veces; también, estigmatización.
Vámonos a otra región. Los obispos de Chocó y otros líderes sociales y religiosos
ratifican sus denuncias sobre alianzas paramilitares en esta parte del país entre
sectores de la fuerza pública y el Clan del Golfo. Incluso, piden una reunión con el
presidente Duque.
Yo fui con el presidente de la CEC y con otros obispos a Quibdó. Allí monseñor
Rueda fijó una posición muy clara, diciendo que esto no puede ser tomado a la
ligera. Se está trasmitiendo una realidad que no puede ocultarse y es que en estas
zonas del país están pasando situaciones muy graves.
Según la CEC, estas regiones requieren una atención especial y un plan urgente.
Esto se le informó al Papa y la situación muy grave de las regiones se está
hablando también con los candidatos a la presidencia en estos días que estamos en
la ronda, planteando lo que la Iglesia desde las regiones nos está diciendo. Estamos
trasladándoles eso a los candidatos para decir: por favor, tengan en cuenta en sus
agendas la situación de las regiones más empobrecidas y más golpeadas por la
violencia.
Chocó y el occidente antioqueño son, a la vez, regiones codiciadas por
grandes compañías. Varias zonas sembradas con minas antipersonales
corresponden a áreas con títulos mineros.
Las grandes empresas, cuando entran a territorios donde ha habido un control de
actores armados, tienen un desafío muy grande: cuál mecanismo de seguridad van
a implementar. Eso lo hemos vivido de lado y lado. También hay reclamos desde
múltiples ángulos sobre actividades económicas protegidas por sectores de grupos
organizados al margen de la ley. Un asunto complejo es que, si Colombia ha tenido
un conflicto armado y estamos viviendo una reconfiguración de territorios y de
presencia territorial, eso es un desafío para cualquier empresa que entre en los
territorios, porque, en principio, tendría que tener unos códigos muy claros de sus
relacionamientos para garantizar la protección de su personal y de su actividad.
Pero no se pueden establecer mecanismos vinculados a actores no estatales ni en
contra de las comunidades.
Hay un desafío muy importante, porque eso es histórico. Ha pasado ya desde hace
muchos años. Y ha habido reiteradamente el reclamo de las comunidades diciendo
que es necesario que se aclaren cuáles son los mecanismos de protección o de
seguridad que estas empresas utilizan.
En Jericó, municipio de Antioquia, la Iglesia católica rechaza la actividad de la
AngloGold Ashanti. Y en este momento hay una gira por Europa de la red
Iglesias y Minería, en la que también se ha hablado en contra de esta
multinacional. ¿Usted qué opina de esta posición?
Yo estuve en Jericó no hace mucho tiempo y tuve la oportunidad de conocer de
cerca la posición del señor obispo. De escuchar también a los sacerdotes sobre la
problemática que se ha creado. La preocupación de ellos tiene que ver con el hecho
de que estamos hablando de una zona que tiene una riqueza de producción de
alimentos muy grande. Es una zona importante en cuanto capa vegetal y desde ahí
han planteado una posición muy clara: aquí está de por medio el manejo de las
aguas.
En ese sentido, la posición de ellos ha sido bastante crítica frente a esta gran mina
sobre la cual ha habido mucha discusión. Y el llamado ha sido, en gran parte, hacia
la autoridad ambiental: una demanda para que, realmente, estudie a fondo, pues
hay estudios comparativos de lo que podría pasar.
