El Papa Francisco ha tomado la decisión de suprimir el beneficio de vivienda gratuita o con condiciones ventajosas para los Cardenales y otros altos cargos del Vaticano que son propiedades de la Santa Sede.
El propósito de esta medida es fomentar el compromiso de la Santa Sede en su servicio a la Iglesia Universal y a los necesitados, especialmente en un contexto económico preocupante. La decisión afecta a los Purpurados, así como a los jefes de dicasterio, presidentes, secretarios, subsecretarios, directores y equivalentes, e incluso auditores del Tribunal de la Rota Romana.
En particular, el Papa ha instado a que todos hagan un sacrificio extraordinario para destinar mayores recursos a la misión de la Santa Sede, y así aumentar los ingresos que provienen de la gestión de los bienes inmuebles. Con esta medida, se espera que los recursos disponibles se destinen a la misión de la Iglesia en todo el mundo.
El rescripto también prohíbe el pago de la «contribución de alojamiento» u otras contribuciones similares destinadas a compartir los gastos de vivienda. Según el documento, las entidades propietarias deben aplicar a los sujetos mencionados los precios habituales que se aplican a quienes no tienen cargos en la Santa Sede o en el Estado de la Ciudad del Vaticano.
Con esta medida, el Papa Francisco busca fomentar el compromiso de la Santa Sede en su servicio a la Iglesia Universal y a los necesitados, aumentando así los recursos disponibles para la misión de la Iglesia. Esta decisión afecta a los Cardenales, jefes de dicasterio, presidentes, secretarios, subsecretarios, directores y equivalentes, e incluso auditores del Tribunal de la Rota Romana.
En consecuencia, los Cardenales, obispos y otros superiores de la Curia deberán someterse a las mismas normas de aquellos que no trabajan en la Santa Sede.
Además, incide en la necesidad de que también se pague el hospedaje en la Domus Santa Marta, la residencia del Vaticano donde vive el Papa Francisco junto a otros prelados y que en ocasiones recibe a visitantes que hasta el momento se alojaban gratuitamente.
Se establece asimismo que cualquier excepción a esta nueva regulación deberá ser autorizada directamente por el Pontífice.
La decisión del Papa Francisco se emitió a través de un “rescriptum ex audientia”, tras una audiencia concedida a Maximino Caballero Ledo, prefecto de la Secretaría para la Economía, el 13 de febrero de 2023. El texto de la misma ha sido publicado por varios medios italianos y se ha compartido internamente en el Vaticano.
Esta norma no tiene ningún efecto sobre las facilidades ya concedidas en la fecha de su entrada en vigor y, por lo tanto, los contratos estipulados antes de su vigencia “continuarán hasta su vencimiento natural, pero podrán ser prorrogados o renovados solo en cumplimiento de lo anterior”.
El patrimonio de la Santa Sede está gestionado por el APSA (Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica) y actualmente administra unas 2.400 viviendas y unas 600 oficinas y locales comerciales.
Fuente: Aciprensa
