En un giro sorprendente en Nicaragua, el obispo René Sandigo, quien había sido considerado un aliado del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, se encuentra ahora bajo una intensa vigilancia del gobierno. Este hecho ha levantado nuevas preocupaciones sobre la ya complicada relación entre la Iglesia y el Estado en el país.
El obispo Sandigo, quien se rumoreaba que sería nombrado arzobispo de Managua por el Papa Francisco, ha sido objeto de un seguimiento constante por parte de las fuerzas de seguridad, que han mantenido rodeada la plaza frente a la catedral de León. Contrario a lo que se podría pensar, esta vigilancia no parece ser para su protección, sino más bien un acto de asedio, según reportes de la activista de derechos humanos Martha Patricia Molina en Plataforma X.
Este inesperado cerco al obispo, conocido por su cercanía con el gobierno, ha ocurrido justo después de la reciente huida del país del sacerdote Aurelio López. Además, el acto coincide con una serie de medidas hostiles del régimen contra la Iglesia, incluyendo la organización de eventos políticos y deportivos frente a edificaciones eclesiásticas, lo que ha interrumpido y profanado servicios religiosos.
Estos eventos reflejan la creciente tensión entre el gobierno sandinista y la Iglesia Católica, considerada una de las principales voces de oposición en Nicaragua. La situación del obispo René Sandigo subraya la compleja dinámica de poder y la incertidumbre sobre el futuro de las relaciones Iglesia-Estado en el contexto nicaragüense, en un momento en que la represión contra la Iglesia parece no distinguir entre sus miembros, independientemente de sus previas posturas políticas.
La Iglesia Católica es considerada la oposición más importante al régimen sandinista en Nicaragua y también su principal enemigo. Hace unos días, el vicepresidente Murillo también culpó a la Iglesia Católica del estallido de las protestas sociales en abril de 2018. En ese momento, los estudiantes salieron inicialmente a las calles contra una operación de tala y quema en una reserva natural que supuestamente fue tolerada o incluso iniciada por el gobierno de izquierda. Las protestas se extendieron rápidamente por todo el país. El régimen de Ortega reprimió las manifestaciones con una violencia brutal. Pastores y obispos abrieron sus iglesias para que los manifestantes pudieran encontrar protección frente a las balas de la policía.
Desde entonces, la relación entre el Estado y la Iglesia ha sido muy tensa. Los sandinistas acusaron a la Iglesia de incitar al terrorismo. Muchos representantes de la Iglesia fueron detenidos o se exiliaron voluntariamente.
El caso de Rolando Álvarez, en particular, causó un gran revuelo internacional: En agosto de 2022, el obispo antigubernamental fue detenido después de que su casa hubiera sido asediada por agentes de policía durante varios días y sólo hubiera podido celebrar oficios religiosos a través de Internet y la radio. En febrero de 2023, un tribunal condenó a Álvarez a 26 años de prisión en un juicio sumario por desobediencia y atentar contra la integridad nacional. Las autoridades le revocaron la nacionalidad. Álvarez se negó entonces a ser deportado a Estados Unidos junto con otros 222 presos políticos. No accedió a su expatriación hasta enero, tras perder mucho peso en prisión.
Fuente: Infocatólica
