Un funcionario de la Iglesia Católica dijo este lunes 21 de junio que la carta de cuatro expertos de la ONU en la que acusan al Vaticano de realizar “prácticas obstructivas” relacionadas con los abusos, no tiene “eficacia real”.

 

En la carta de 11 páginas difundida este lunes, los cuatro expertos firmantes alegan que el Vaticano utiliza acuerdos internacionales para evitar asumir la responsabilidad por los abusos cometidos por miembros de la Iglesia Católica.

 

“Urgimos a las autoridades de la Santa Sede a abstenerse de prácticas obstructivas y a cooperar plenamente con las autoridades judiciales civiles y de la ley de los respectivos países, así como a abstenerse de firmar o usar acuerdos existentes para evadir la responsabilidad de los miembros de la Iglesia acusados de abuso”, indica la carta del domingo 20 de junio.

 

Un funcionario de la Iglesia, que pidió mantener su nombre en reserva por no estar autorizado para hablar públicamente sobre el tema, dijo que si bien la carta carece de “eficacia”, sí muestra la frustración entre los activistas que buscan avanzar en las instituciones internacionales en la agenda del aborto y de la Orientación Sexual y la Ideología de Género (SOGI, por sus siglas en inglés).

 

“Es un signo, sin embargo, de cuán frustradas están las fuerzas pro aborto y pro SOGI por no poder reforzar su agenda en la ONU por el trabajo de varios estados miembros y un observador permanente. De ahí el intento concertado de minar la credibilidad de la Santa Sede”, dijo el oficial.

 

La carta está firmada por Fabián Salvioli, Mama Fatima Singhateh, Nils Melzer y Gerard Quinn, que trabajan como relatores especiales de la ONU.

 

La ONU define a los relatores especiales como expertos independientes en derechos humanos que trabajan junto al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. No son personal de la institución y trabajan voluntariamente.

El texto, que tiene fecha 7 de abril y está escrito en francés, se redactó a partir de una carta escrita en abril de 2019 por Maud de Boer-Buquicchio, entonces relatora especial de la ONU sobre explotación infantil.

Los cuatro firmantes también se refirieron a una nota de la ONU de diciembre de 2019 en la que se acoge la decisión del Papa Francisco de la no aplicación del secreto pontificio en casos de acusaciones y juicios sobre abusos a menores o personas vulnerables.

 

La carta se refiere a casos de abusos en Europa, Norteamérica y Sudamérica. También describe la evolución de la respuesta del Vaticano, durante el pontificado del Papa Francisco, a los abusos por parte de clérigos.

 

Tras resaltar el levantamiento del secreto pontificio, la carta dice que “lamentamos, sin embargo, que el pedido de reportar crímenes a las autoridades civiles ya no sea obligatorio y urgimos al gobierno de su Excelencia a considerar hacer obligatorio este pedido tan pronto como sea posible”.

 

El Vaticano ha expresado su preocupación por la introducción de leyes sobre el reporte de casos en diversas partes del mundo que harían que los sacerdotes violen el secreto de confesión. Ha destacado además en una nota de julio de 2019 su “absoluta inviolabilidad”.

 

Comentando la naturaleza de los casos de abusos cometidos por clérigos, los expertos de la ONU dicen en su carta que “les recordamos la obligación de los estados, como se indica en los estándares internacionales de derechos humanos, que tomen medidas de justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición para responder a las graves violaciones de derechos humanos”.

 

La carta solicita a la Santa Sede que proporcione respuestas detalladas a los puntos propuestos en el lapso de 60 días, de lo contrario la carta sería hecha pública.

 

El texto concluye con una exhortación a que el Vaticano “establezca urgentemente un mecanismo investigador para clarificar y establecer la verdad sobre las acusaciones de abusos sexuales de niños, y su encubrimiento por parte de clérigos de la Iglesia Católica en varios países del mundo, y a proceder con la debida reparación a las víctimas”.

 

“Dicho mecanismo debe ser independiente, autónomo de autoridades eclesiásticas y conforme a las normas internacionales”, resalta.

 

Hasta el cierre de esta edición el Vaticano no ha comentado la carta de los relatores especiales.

 

Sin embargo, la Santa Sede destacó su posición sobre algunos de los asuntos propuestos en la carta en un documento de 2014, escrito en respuesta a un informe crítico del Comité de la ONU para la Convención de los Derechos de los Niños, en los que se refiere a temas relacionados al aborto y al derecho canónico.

 

El texto indicó entonces que el Comité hizo “importantes distinciones entre la Santa Sede, el Estado de la Ciudad del Vaticano y la Iglesia Católica universal”.

 

 

 

 

Fuente 1: CNA
Fuente 2: Aciprensa