El gobierno de Biden ha nominado a la controvertida profesora de la Escuela de Derecho de Columbia, Sarah Cleveland, para la Corte Internacional de Justicia, a pesar de haber sido rechazada para un alto cargo por el Senado de Estados Unidos hace solo unos meses.
En su nuevo puesto en la Corte Internacional de Justicia, Cleveland podría declarar el aborto como un derecho humano internacional. Y es por su extremismo abortista y su incomprensión del derecho internacional, por lo que el Senado la rechazó como máxima asesora jurídica del Departamento de Estado de Estados Unidos.
En su anterior cargo como miembro del Comité de Derechos Humanos de la ONU, de 2015 a 2018, Cleveland presionó directamente a los países para que derogaran las protecciones al no nacido en sus leyes nacionales. También fue una de las principales defensoras de declarar el acceso al aborto como parte del «derecho a la vida” en un amplio comentario legal conocido como Comentario General 36. Acusó al embajador egipcio Ahmed Amin Fathalla, conocido experto jurídico internacional y presidente del comité en aquel momento, diciendo que había “abusado atrozmente del espíritu de esta conversación y del cargo de presidente”.
Cleveland fue objeto de críticas por su activismo abortista durante las audiencias de confirmación en el Senado de Estados Unidos a principios de este año. Los once republicanos del Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense votaron en contra de la confirmación de Cleveland.
Como jefa de asuntos jurídicos del Departamento de Estado, Cleveland no se comprometió a interpretar y aplicar sistemáticamente las restricciones provida de Estados Unidos a la financiación del aborto, incluida la Enmienda Helms. Evadió las preguntas sobre el aborto y dio a entender que las restricciones del gobierno estadounidense a la financiación del aborto en el extranjero están en contradicción con las interpretaciones de los derechos humanos internacionales que ella misma redactó y apoyó como miembro de los organismos de las Naciones Unidas.
Los organismos internacionales que reciben fondos de Estados Unidos se encuentran entre los que pueden impugnar las restricciones de financiación de Estados Unidos sobre el aborto ante el Tribunal Internacional de Justicia. El gobierno de Estados Unidos no puede ser llevado ante la Corte Internacional contra su voluntad por otro país, pero los organismos internacionales pueden, no obstante, solicitar al tribunal que emita una opinión consultiva.
No está claro si el gobierno de Biden se opondría a una declaración del máximo tribunal mundial de que el aborto es un derecho internacional y que los contribuyentes estadounidenses deben financiar el aborto. El gobierno de Biden ya prometió al Consejo de Derechos Humanos de la ONU que eliminaría o reinterpretaría la legislación estadounidense para permitir la financiación de abortos en el extranjero.
Fuente: Infocatólico
Redacción: Laura Monroy
