Sobre el proyecto de ley que busca despenalizar la eutanasia en Perú, Giuliana Caccia, líder Provida y directora de la Asociación Origen, de este país, advirtió sobre tres puntos esenciales a los que es necesario poner atención.
El proyecto de Ley fue presentado la semana pasada por Gino Costa, congresista del Partido Morado, quien actualmente está en el gobierno y define a la eutanasia como la “acción médica que, para evitar sufrimientos intolerables a los pacientes, acelera la muerte, con su consentimiento o el de la persona designada por él”.
El debate se da por un reclamo que le hace al Estado peruano Ana Estrada, una peruana de 44 años, que padece polimiositis –una enfermedad incurable que la ha dejado en silla de ruedas.
La Defensoría del Pueblo presentó una acción de amparo contra el Estado peruano para que se le permita a Estrada recurrir a la eutanasia y quienes la asistan no sean sancionados penalmente.
Sobre este proyecto de Ley, Caccia, magíster de Matrimonio y Familia de la Universidad de Navarra previno sobre estos Puntos:
1.- El proyecto es contrario a la Constitución
“La acción de amparo presentada por la ciudadana Ana Estrada no ha podido progresar en el Poder Judicial a pesar de que el juez a cargo es ideológicamente compatible con esta postura, va en contra de la Constitución Política del Perú y escapa a la potestad de un juez”.
2.- El proyecto busca un cambio constitucional
“Lo que presenta el congresista Gino Costa pretende modificar lo establecido constitucionalmente sobre el derecho a la vida y la obligación del Estado de protegerla desde la concepción hasta la muerte natural”.
El artículo 1 de la Constitución establece que “la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado”. El inciso 1 del artículo 2 señala que “toda persona tiene derecho a la vida, a su identidad, a su integridad moral, física y psíquica y a su libre desarrollo y bienestar. El concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece”.
De acuerdo con Casia, la única vía que sería legalmente válida sería la modificación constitucional pero el artículo 6 del proyecto de ley señala que “la muerte producida por eutanasia se considera para todo efecto equivalente a una muerte natural, incluido lo relativo a los seguros de vida, por lo que el médico responsable estará exento de responsabilidad penal”.
La disposición complementaria del proyecto busca derogar los artículos 112 y 113 del Código Penal, que establecen que la eutanasia es un delito que puede ser penado con hasta tres años de cárcel, y el que interviene en un suicidio puede recibir hasta cuatro años de prisión.
3.- Hay un fin político
El tercer punto del proyecto es “político, esta es la agenda del Partido Morado. Sus militantes, entre los que se encuentra el congresista Costa, trabajan en pared con las organizaciones promotoras de la agenda de la muerte”.
Si bien el texto del proyecto admite la objeción de conciencia, este derecho podría verse amenazado, considerando que se establece la creación de un registro de profesionales objetores en los establecimientos de salud.
Fuente: Aciprensa
Nota enviada por la periodista Teresita González a webmaster
https://youtu.be/q2NBEMolsvMFuente del video: Mega Noticias
