Vie. Abr 19th, 2024

Este 29 de julio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutía un proyecto que plantea la despenalización del aborto en México. Una vez más, la vida del no nacido estaba en juego, pues en el caso de que fuera aprobado por tres de los cinco ministros con forman parte de la Primera Sala del máximo tribunal, iba a quedar asentado que penalizar el aborto viola los derechos humanos de las mujeres.

 

Sin embargo, este miércoles, con cuatro votos en contra y uno a favor, finalmente el proyecto fue rechazado. Y desde la Iglesia en México se celebró el triunfo de la vida:

 

 

 

El proyecto ha sido obra del ministro Juan Luis González Alcántara quien propuso a la Primera Sala confirmar el amparo otorgado por un juez federal de Xalapa (capital del Estado de Veracruz), que ordenaba al Congreso de Veracruz reformar tres artículos del Código Penal local, para eliminar la sanción por abortar que hasta el momento se le impone a las mujeres en esa entidad.

 

De haber sido aprobado el proyecto del ministro González Alcántara, las organizaciones civiles favorables al aborto legal en el país, como fue el caso promovido en Veracruz, iban a poder ejercer el derecho a ampararse y llevar a juicio los códigos penales de otros estados que contemplan algún tipo de pena impuesta a las mujeres por abortar.

 

La parte central del proyecto que se discutió hoy en la SCJN se resumía en la siguiente frase: “La prohibición total de la interrupción del embarazo -vía tipificación penal- es una barrera que genera discriminación en contra de las mujeres en relación con el acceso al derecho a la salud”.

 

 

 

 

Argumentos falaces

Horas antes, el director del Centro de Investigación Social Avanzada (CISAV), Rodrigo Guerra, ha escrito al respecto un artículo en El Heraldo de México en el que señalaba que los argumentos del ministro González Alcántara eran falaces puesto que parecía creer que el feto humano prevalece sobre los derechos de la mujer, ignorando que el feto y la mujer son sujetos de derecho y que ninguno de los dos puede ser discriminado.

 

“El ministro cree que en el delito del aborto el sujeto activo es sólo la mujer embarazada y no las personas que cooperan en su ejecución”, recalca Guerra en su artículo. Y añade: “En el fondo, el ministro ignora una evidencia biológica que posee consecuencias jurídicas precisas: a partir de la fecundación se constituye un organismo de especie humana, no un órgano. Un todo y no una parte”.

 

El ser humano desde la fecundación posee genoma propio, sistema inmunológico propio, procesos metabólicos propios, direccionamiento teleonómico propio, independientes todos ellos de los que posee su madre. “Por ello, la protección del cuerpo de la mujer adulta como un individuo de especie humana que no debe ser violentado o discriminado, debe correr a la par con la protección del nuevo ser humano no-nacido, que eventualmente, puede ser también mujer”, apunta Guerra.

 

Para este investigador y filósofo, la esperanza está en que la SCJN detecte las deficiencias jurídicas del proyecto y lo declare improcedente. Aunque aparezca difícil en el panorama político actual de México dado que “los compromisos ideológicos muchas veces son más fuertes que la biología del desarrollo humano”.

 

“Sin embargo, termina diciendo Guerra en su artículo de El Heraldo de México, hay que estar pendientes pues “la historia nos alecciona: cada vez que un factor de poder pasa por encima de la ciencia, cada vez que la dignidad de la persona es aplastada, la realidad más pronto que tarde se cobra la factura”.

Ni discriminación ni violencia

Un manifiesto ciudadano que comenzó a circular el día de ayer, le pedía al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que no permitiera que se abriera una puerta más a la violencia, que en México, durante este 2020, ha llegado a ocupar tasas históricas en homicidios dolosos por cada 100,000 habitantes, situando a cinco ciudades mexicanas de más de 300,000 habitantes en los cinco primeros lugares del mundo en homicidios dolosos.

 

El manifiesto, respaldado por el propio CISAV, era categórico: “La violencia y la discriminación no se combaten con más violencia y discriminación. Las soluciones que hoy tenemos que construir entre todos requieren ser máximamente inclusivas, solidarias y democráticas, sin hacer prevalecer a una persona sobre otra. Ni discriminación ni violencia para nadie. Todos incluidos y todos responsables de todos”.

 

Mientras tanto, la organización Red Familia ha dicho que el proyecto del ministro González Alcántara tenía, por lo menos, fallas estructurales que harían necesario desecharlo. Primero, que proteger la vida no es violencia ni es discriminatorio de la mujer, y segundo, que existen severas inconsistencias en el Proyecto de Resolución por el amparo que pretende despenalizar el aborto en el Estado de Veracruz.

 

Según Mario Romo, director nacional de Red Familia, “Es un intento de desviar la aplicación justa de la ley para imponer un criterio ideológico. Este proyecto busca apartarse de los criterios que la misma SCJN ha establecido, para imponerlo a un Congreso autónomo (el de Veracruz) y que tiene la facultad de legislar en esta materia y en su momento legisló a favor del reconocimiento a la vida, desde su concepción hasta su muerte natural”.

 

Fuente: Aleteia
Nota enviada por Teresita González a webmaster