Hoy 5 de mayo, el Parlamento Europeo, vota sobre la persecución religiosa que pretende condenar el rechazo por motivos religiosos del derecho al aborto y los nuevos derechso LGBTIQ+. Por tal motivo, el secretario general de La Comisión de las Conferencias Episcopales de la Unión Europea ha hecho público un comunicado en el que asegura que el texto de la resolución es precisamente un ataque a la libertad.
«... persisten la violencia de género y la discriminación basadas en justificaciones religiosas; que las mujeres y las personas LGBTIQ+ siguen sufriendo la discriminación y la violencia infligidas en nombre de la religión por agentes tanto estatales como no estatales; que la salud y los derechos sexuales y reproductivos (SDSR), incluido el aborto, están siendo prohibidos en nombre de la religión por agentes tanto estatales como no estatales»
Y se propone la condena de:
«... todos los actos de violencia, persecución, coacción y discriminación contra las personas por motivos de género u orientación sexual, o la incitación a ellos, inclusopor parte de líderes religiosos o basados en motivaciones religiosas o de creencias; subraya que la defensa de la "tradición" o de la "moral pública" no puede contradecir, en ningún caso, las disposiciones internacionales en materia de derechos humanos a las que deben adherirse los Estados; destaca, en particular, la discriminación en el empleo, la educación, el acceso a la justicia y a recursos efectivos, la vivienda y la atención sanitaria; expresa su profunda preocupación por el uso indebido y la instrumentalización de las creencias o la religión para imponer políticas discriminatorias, leyes, incluidas las leyes penales, o restricciones que contradicen y socavan los derechos de las personas LGBTIQ, las mujeres y las niñas y restringen el acceso a los servicios básicos, como la educación y la salud, incluidos los derechos sexuales y reproductivos, criminalizan el aborto en todos los casos, penalizan el adulterio o facilitan las prácticas religiosas que violan los derechos humanos; pide la derogación de las políticas, leyes o restricciones pertinentes que a menudo se traducen en la legislación nacional como restricciones seculares»
Ante la votación de hoy de la propuesta de esa resolución del Parlamento Europeo el Secretario General de COMECE, P. Manuel Barrios Prieto, ha hecho la siguiente declaración:
«El derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión, así como el derecho inherente a la vida, son derechos humanos fundamentales reconocidos en el derecho internacional. Están por encima del consenso político, ya que su fuente directa es la dignidad humana inalienable de todo ser humano. Es responsabilidad y deber de las autoridades políticas, incluido el Parlamento Europeo, protegerlos, defenderlos y promoverlos en todo el mundo, así como todos los demás derechos humanos reconocidos internacionalmente y arraigados en la dignidad humana establecida en la Carta Internacional de Derechos Humanos.
Cualquier intento de socavar el derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión y el derecho a la vida mediante interpretaciones abusivas que restrinjan indebidamente su alcance legítimo o de someterlos a «supuestos derechos humanos» de nueva creación y no consensuados, incluido el aborto, constituye una grave violación del derecho internacional que desacredita a la Unión Europea ante la comunidad internacional y ante millones de ciudadanos europeos.
Cualquier tratamiento de estos derechos humanos como derechos de segunda clase contradice la Declaración y el Programa de Acción de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de Viena de 1993, que insta a la comunidad internacional a considerar todos los derechos humanos «de manera justa y equitativa, en pie de igualdad y con el mismo énfasis».
Además, esta propuesta de resolución, en su redacción actual, no servirá de ayuda a millones de creyentes religiosos que son víctimas de persecución a causa de su fe, en particular a las mujeres y niñas vulnerables, ya que su situación quedará oscurecida e invisibilizada al priorizar otros intereses políticos.»
Redacción: Natalia Monroy
