Este 17 de marzo se denunció la grave situación humanitaria que viven las comunidades indígenas asentadas en el municipio de Murindó, Antioquia, en la sede de la Conferencia Episcopal de Colombia, se reunieron Monseñor Luis José Rueda, arzobispo de Bogotá y primado de Colombia; monseñor Juan Carlos Barreto, obispo de Quibdó, y monseñor Hugo Alberto Torres, obispo de Apartadó, junto con Germán Valencia, representante de la Organización Nacional Indígena (ONIC) y Amelicia Santacruz, de la Organización Indígena de Antioquia (OIA),
Según lo expresaron, lo expuesto refleja las conclusiones de la misión humanitaria que realizaron al municipio de Murindó, del 7 al 11 de marzo, donde asistieron las delegaciones de las diócesis de Quibdó y Apartadó, el Consejo Comunitario Mayor de la Organización Campesina Integral del Atrato (Cocomacia), el Cabildo Mayor de Murindó y la Coordinación Regional del Pacífico.
Informaron que durante su visita a los cabildos de La Isla y Turriquitadó Llano, constataron que tanto el grupo guerrillero del Ejército de Liberación Nacional (ELN) como los paramilitares autodenominados “Autodefensas Gaitanistas de Colombia” (AGC), se disputan territorialmente la región, haciendo esto que cometan graves violaciones al derecho internacional humanitario y afectando también los derechos humanos de las comunidades.
Frente a esta realidad hacen un llamado al Estado para que dé respuesta a estas afectaciones en contra de la población indígena que habita en estos territorios. «Se requiere la intervención estatal garantizando derechos sociales, la ayuda humanitaria urgente, el desminado territorial y la protección colectiva que les permita gozar de tranquilidad en sus entornos culturales», anotan en el comunicado que se leyó en la rueda de prensa convocada para la mañana de hoy.
«A todos los organismos del Estado, incluyendo el Gobierno Nacional, la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de Murindó y los órganos de control y judicialización, se les exige el cumplimiento de sus compromisos constitucionales y la intervención adecuada y oportuna en esta coyuntura y en las situaciones estructurales que se viven en la región».
Finalmente, se comprometieron a continuar acompañando a las comunidades afectadas por la violencia, animándolas a no abandonar sus territorios y «a perseverar en la exigencia de los derechos que les otorga la constitución nacional«.
