Tras haber finalizado la Caravana Humanitaria por la Vida y por la Paz en los territorios del río San Juan, en el departamento de Chocó, sus participantes presentaron este 20 de octubre, un comunicado como conclusión del recorrido, en el que a partir del diálogo con las comunidades ribereñas constatan el agravamiento de la crisis humanitaria en la región debido a la presencia de actores armados, militarización, violaciones de derechos humanos y el abandono por parte del Estado colombiano.
«A lo largo de la Caravana pudimos escuchar la voz de decenas de personas que, a pesar y por encima del miedo, expresaron el pensar y sentir de las comunidades, poniendo rostro y palabras a la crisis humanitaria que padecen los pueblos étnicos y la población mestiza del río San Juan. En medio de la descripción desgarradora de los impactos de la guerra, pudimos observar también la fuerza, la resistencia, la dignidad, el arte y la cultura de pueblos que no están dispuestos a rendirse, que no quieren abandonar ni entregar su territorio«.
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Hallazgos más importantes de la Caravana
A partir de cinco puntos, los asistentes a la Caravana describen en el comunicado los hallazgos encontrados durante su recorrido por la rivera. Entre ellos están: El desplazamiento forzado y el confinamiento; el subregistro del desplazamiento forzado y el confinamiento, hecho que deriva en una precaria atención al derecho fundamental que tienen las personas en esta condición; a pesar de las promesas hechas en la prevención de riesgo hacia la población. Solo se ha incrementado el pie de fuerza militar, no siendo esta la solución; pues continua, por parte de los actores armados, la violación de los derechos humanos y de infracción al derecho internacional humanitario; y la violación masiva y sistemática a los derechos humanos e intereses económicos que conducen cada vez más y de una forma acelerada a la extinción física y cultural de las comunidades, en lo que ellos han denominado «etnocidio en curso».
Llamado urgente a proteger y restablecer los derechos de las comunidades
Así también, en 10 ítems, hacen un llamado urgente para que cuanto antes se implementen acciones que permitan proteger y restablecer plenamente los derechos de las comunidades negras e indígenas, así como de la población mestiza que habita en el río San Juan, al noroeste de Colombia.
Entre las peticiones se encuentran: Un llamado al Gobierno Nacional, para que a través de la Unidad para la Atención y la Reparación Integral a las Víctimas UARIV, se garantice el derecho fundamental al mínimo vital de todas las personas desplazadas forzadamente y confinadas; articulación entre las entidades competentes para que se tomen acciones para la toma de las declaraciones de desplazamiento, individual y masivo, y de confinamiento; cumplimiento en la implementación plena y adecuada de las medidas cautelares otorgadas por el Juez de Restitución de Tierras de Quibdó; presencia y acompañamiento directo en el territorio por parte de organismos internacionales de carácter humanitario; visibilización e incidencia por parte de entes internacionales y de derechos humanos, para la garantía efectiva de los derechos de las comunidades; y cese de acciones militares por parte de todos los actores del conflicto armado.
Compromisos asumidos para el acompañamiento a las comunidades
Por su parte la Diócesis de Istmina – Tadó, a través de su Plan de Acción Pastoral LA CHAMPA MISIONERA, reitera su compromiso de seguir apoyando y acompañando todas las iniciativas encaminadas al fortalecimiento organizativo de sus entidades, diseñando e implementando Planes de Vida y de Etnodesarrollo.
Así también, desde la Provincia Eclesiástica de Santafé de Antioquia y de la Región del Pacífico Colombiano, seguirán atentos para «ir acompañando e iluminando las organizaciones sociales, visibilizando e incidiendo en aras de un mayor cuidado y respeto por la vida, el desarrollo humano integral y el acatamiento de lo establecido para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario«.
La Caravana humanitaria por la Vida y por la Paz, que se cumplió del 11 al 15 de octubre, concluyó con la socialización del Pacto por la Vida y la Paz, desde el Pacífico y el Suroccidente para toda Colombia, que se firmó el pasado 10 de septiembre de 2020 a nivel nacional y que ahora es suscrito para estos territorios.
