El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos pide al Gobierno de Venezuela adoptar de inmediato medidas específicas para detener y remediar las graves violaciones de derechos.

“Exhorto a todas las personas con poder e influencia – tanto en Venezuela como en el resto del mundo – a que colaboren y contraigan los compromisos necesarios para solucionar esta crisis que está arrasándolo todo. Mi Oficina está lista para seguir apoyando”. Con este llamamiento, la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha pedido al Gobierno de Venezuela adoptar de inmediato medidas específicas para detener y remediar las graves vulneraciones de derechos económicos, sociales, civiles, políticos y culturales que se han documentado en el último decenio en el país, y especialmente desde 2016. El documento se basa en 58 entrevistas con víctimas y testigos de violaciones de derechos humanos y abarca el periodo comprendido entre enero de 2018 y mayo de 2019 en el cual, “el Gobierno venezolano y sus instituciones – se afirma en el documento – han puesto en marcha una estrategia orientada a neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición política y a quienes critican al Gobierno”. 

Se registran 6.856 muertes entre 2018 y 2019 por “resistencia a la autoridad”

En el contexto de las operaciones policiales, el documento muestra la elevada proporción de presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas por las fuerzas de seguridad y en particular por las Fuerzas Especiales (FAES): en 2018 el Gobierno registró 5.287 muertes supuestamente por “resistencia a la autoridad”, en el curso de dichas operaciones y otras 1.569 entre el 1 de enero y el 19 de mayo de 2019. No hay que olvidar que se trata de las estadísticas del propio Gobierno; otras fuentes apuntan a que las cifras podrían ser muy superiores.